La Policía Nacional desalojó a familias de propiedad privada
Más de 100 familias fueron desalojadas de la Ciudad Mel Zelaya en Choluteca, Honduras, en medio de un conflicto de tierras que ha generado tensiones desde 2022
En la mañana del miércoles, al menos 100 familias fueron desalojadas de la comunidad conocida como Ciudad Mel Zelaya, en la zona sur de Honduras. La intervención policial es el más reciente capítulo en un conflicto de tierras que ha estado escalando desde 2022.
Antecedentes del conflicto
La disputa gira en torno a un terreno de cuatro manzanas, cuya propiedad es reclamada por Juan Carlos Vargas Ríos, quien posee un título de propiedad reconocido por las autoridades judiciales. Sin embargo, la situación se complica debido a la existencia de otra escritura a favor de Jorge Alberto Maradiaga Cálix, quien ha sido señalado por algunos como un supuesto invasor.
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Desde mediados de 2022, este terreno ha sido ocupado por un grupo de familias, muchas de las cuales afirman haber vivido allí por más de tres años. La comunidad ha insistido en que adquirieron los terrenos bajo engaño y que merecen una solución justa para poder construir sus hogares.
El desalojo y la resistencia de los habitantes
Este miércoles, agentes de la Policía Nacional llegaron nuevamente a Ciudad Mel Zelaya para llevar a cabo el desalojo, que ya había sido intentado en varias ocasiones sin éxito. A pesar de la resistencia de los habitantes, quienes se negaron a abandonar el lugar y solicitaron al gobierno que les cediera parte del terreno, la orden judicial fue ejecutada.
Según la jueza ejecutora Gloria Ortez, el desalojo se llevó a cabo bajo una orden judicial legítima y con la presencia de autoridades policiales y representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). Ortez también señaló que, si existe una doble escrituración del terreno, esta deberá ser aclarada en un tribunal competente.
Reacciones de la comunidad y de las autoridades
La comunidad afectada ha expresado su indignación ante lo que consideran una injusticia. Un vecino de la zona, visiblemente afectado, declaró: “Aquí lo que está valiendo es el dinero, en vez de nosotros los pobres. Las autoridades se hacen de la vista gorda”. Otro residente cuestionó la legalidad del desalojo, argumentando que los opositores presentaron un título supletorio, no un título legal.
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Por su parte, Sandra Lucía Osorto, abogada defensora de los ocupantes, aseguró que sus clientes forman parte del grupo campesino “Desarrollo Integral”, afiliado a la Federación Nacional de Campesinos de Honduras (Fenach). Según Osorto, el verdadero dueño del terreno es Jorge Alberto Maradiaga Cálix, lo que agrega una nueva capa de complejidad al conflicto.
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