Requerimiento fiscal contra Ebal Díaz y otros funcionarios
El Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), ha presentado un requerimiento fiscal contra Ebal Díaz Lupian, exsecretario de Estado y presidente del Consejo de Administración del Instituto de la Propiedad (IP)
En un contundente movimiento, el Ministerio Público (MP), a través de su Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), ha presentado un requerimiento fiscal contra Ebal Díaz Lupian, exsecretario de Estado en el despacho de la presidencia y presidente del Consejo de Administración del Instituto de la Propiedad (IP).
Ebal Díaz Lupian es acusado de encabezar una estructura criminal responsable de un mega fraude relacionado con un proyecto habitacional destinado a beneficiar a más de 10,000 familias hondureñas.
El requerimiento también incluye a varios otros funcionarios, entre ellos Zonia Margarita Morales, excomisionada presidenta de Coalianza; Lizeth Guadalupe Villatoro, delegada del Banco Lafise; y Mario León Gómez, Rolando Federico Poujol, funcionarios de la Secretaría de la Presidencia.
Requerimiento Fiscal por fideicomiso (línea 1) para la ejecución del proyecto residencial Morazán con el cual se defraudo al Estado por más de 294 millones de lempiras https://t.co/ZlFfdslKh1 pic.twitter.com/XLSGoh08dX— Ministerio Público (@MP_Honduras) July 30, 2024
Además, figuran en la lista Juan Ramón Cruz Carbajal, Edmundo del Carmen Cuadra, José Fernando Cálix Bonilla, Myrna Isabel Mejia Flores, Dino Francisco Rieti, Francis Yamileth Rodríguez, Lis María Moncada Pineda, Luis Roberto Aparicio Godoy, Oscar Rolando Mendoza Cáceres y Tania Michele Montoya Zepeda, vinculados a la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos (UCP).
Las acusaciones contra estos individuos incluyen una serie de delitos graves como asociación para delinquir, fraude, violación de los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta, entre otros. Debido a la gravedad de los cargos, el MP ha solicitado la emisión de órdenes de captura tanto a nivel nacional como internacional, así como la implementación inmediata de alertas migratorias para prevenir la fuga de los implicados. (Ministerio Público)

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