El Ministerio Público revoca sobreseimiento de juez vinculado a caso de corrupción en INFOP

El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), ha logrado revocar el sobreseimiento definitivo que había sido otorgado al juez ejecutor, Edgardo Enrique Rivera Argueta, quien está acusado de prevaricato judicial.

La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, decidió acoger parcialmente el recurso de apelación presentado por el MP. Como resultado, se ha ordenado emitir un auto de formal procesamiento contra Rivera Argueta por el mencionado delito.

Rivera Argueta enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de prevaricato judicial y falsificación de documentos públicos, en detrimento de la administración de justicia y la fe pública. Las investigaciones revelan que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció del Recurso de Amparo N°. SCO-0937-2016, interpuesto el 10 de octubre de 2016 por el abogado Walter Enrique Pineda Paredes, en nombre de José Ovidio Rodríguez Vásquez. Este recurso cuestionaba las acciones del MP relacionadas con una solicitud de nombramiento y juramentación de peritos presentada ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa.

#MP logra revocar sobreseimiento definitivo contra juez ejecutor que ordenó cierre administrativo de denuncia por supuestos actos de corrupción en INFOP https://t.co/M9t1eeBH0E pic.twitter.com/GkxdBC9Raf— Ministerio Público (@MP_Honduras) July 29, 2024

Dicha solicitud tenía como objetivo examinar y validar uno de los documentos proporcionados por el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en relación con una denuncia presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) contra varios individuos, incluyendo a Ángel Armando Cerrato, Magaly Bustillo Streber, José Antonio Elvir Vásquez y José Ovidio Rodríguez, este último, en ese momento, magistrado de la CSJ.

La Sala de lo Constitucional de la CSJ falló a favor del amparo el 22 de noviembre de 2018, alegando la vulneración del debido proceso estipulado en el artículo 90 de la Constitución de la República. Sin embargo, nunca ordenó el cierre de la denuncia, como lo hizo Rivera Argueta en octubre de 2023. Esta decisión del juez, según los fiscales, fue un exceso de autoridad y no estaba respaldada por la sentencia de la Sala de lo Constitucional.

El MP argumenta que, según la sentencia de amparo, la competencia para investigar los delitos mencionados recae en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y no en el MP. Además, la sentencia no estipula el cierre de la denuncia contra los investigados José Ovidio Rodríguez Vásquez, David Guillermo Chávez Madison, Mario Alejandro Calderón Maldonado, y Ángel Armando Aguiriano Cerrato, entre otros, quienes fueron acusados de suscribir un contrato que defraudó al Estado de Honduras.