Ministerio Público obtiene dos autos de formal procesamiento por destrucción en el Parque Nacional La Muralla
El Ministerio Público de Juticalpa, Olancho, logra dos autos de formal procesamiento tras una inspección en el Parque Nacional La Muralla
En un paso significativo hacia la preservación ambiental, el Ministerio Público de Juticalpa, Olancho, ha obtenido dos autos de formal procesamiento relacionados con la devastación del Parque Nacional La Muralla. Belfica Isabel Valdez enfrenta cargos por usurpación, tenencia de armas de fuego de fabricación artesanal y explotación ilegal de recursos naturales agravado, mientras que a José Santiago Durón Zelaya se le imputa por usurpación y explotación ilegal de recursos naturales agravado.
Estos procesamientos son resultado de una inspección realizada el 17 de mayo en la Reserva Biológica, seguida de una presentación del caso ante el tribunal pertinente. La orden judicial resultante autorizó la neutralización de cercos y la demolición de nuevas estructuras de madera erigidas ilegalmente.
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El operativo contó con el respaldo de la 115 Brigada de Juticalpa y el personal del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente C-9, que incluyó alrededor de 200 soldados, un juez y un fiscal. La medida se aplicó en varios puntos de la Reserva Biológica, una zona de gran importancia ecológica declarada área protegida en 1987. Ministerio Público obtiene dos autos de formal procesamiento por destrucción en el Parque Nacional La Muralla
El Parque Nacional La Muralla, ubicado a 14 kilómetros del municipio de La Unión, es un tesoro de biodiversidad con bosques nublados y una rica flora y fauna. La acción también contó con el respaldo del Programa Padre Andrés Tamayo (PPAT), que ha contratado personal técnico para abordar la problemática ambiental en Olancho.
Como resultado de la neutralización del delito, se destruyeron aproximadamente 18 kilómetros de cercos perimetrales y se erradicaron cultivos ilegales de maíz, frijoles y café en unas cinco hectáreas de terreno.
Este es un paso crucial en la protección de nuestros recursos naturales y el patrimonio ecológico, enviando un mensaje claro de que la destrucción de áreas protegidas no será tolerada y quienes infrinjan la ley enfrentarán las consecuencias.
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