Allanamientos contra familias vinculadas al lavado de activos en Honduras
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), realiza la Operación Linaje con 12 allanamientos en Cortés, Copán e Islas de la Bahía, dirigidos a un núcleo familiar
En una contundente acción contra el crimen organizado, el Ministerio Público de Honduras ha desatado la “Operación Linaje”, dirigida por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN). Esta operación ha llevado a cabo 12 allanamientos de domicilios en diversas regiones del país, incluyendo Cortés, Copán e Islas de la Bahía.
El objetivo principal de esta operación es desentrañar una red de lavado de activos que involucra a un núcleo familiar, el cual no puede justificar la procedencia legítima de su patrimonio. Las familias Moreno Alvarado y Alvarado Alvarado han sido señaladas en relación con el blanqueo de capitales de origen ilícito, dando lugar a una investigación exhaustiva por parte de la DLCN.
Los resultados de estas diligencias han revelado una serie de acciones que incluyen la adquisición, inversión, transformación, administración y transferencia de activos que carecen de justificación económica legítima. En particular, se han identificado transacciones relacionadas con bienes raíces y construcción de edificios, todos pertenecientes a las familias mencionadas.
Entre los individuos señalados se encuentran Ana María Alvarado Lara y su hija Ana Karina Moreno Alvarado, quienes han sido identificadas en la adquisición de condominios. Además, se ha detectado que Ana Karina está casada con José Rafael Penagos, un ciudadano guatemalteco vinculado a negocios sospechosos con terceros.
Otro caso destacado es el de Miguel Ernesto Alvarado Alvarado, primo de Ana Karina, junto con su madre Lilian Alvarado y su tía Sandra Alvarado, quienes adquirieron el hotel Martell en San Pedro Sula por un valor estimado en 20 millones de lempiras.
El Ministerio Público hace un llamado enérgico a la ciudadanía para colaborar en la lucha contra el lavado de activos, proporcionando información confidencial a través de los teléfonos de la DLCN. Esta operación demuestra el compromiso del Estado hondureño en combatir la corrupción y el crimen organizado, así como en salvaguardar la integridad del sistema financiero nacional.
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