ASJ presenta informe sobre irregularidades en contratos de energía en Honduras

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha revelado este martes los resultados de una investigación exhaustiva sobre los contratos de energía térmica en Honduras, suscritos por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que arroja luz sobre una serie de presuntas irregularidades que podrían tener graves implicaciones para la estabilidad financiera y ambiental del país.

El informe, fruto de un análisis detallado de contratos de energía, contrataciones de emergencia y solicitudes de información al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), realizado por el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, pone de relieve prácticas cuestionables que han marcado el subsector eléctrico durante años.

Uno de los puntos más destacados del informe es la revelación de irregularidades en contratos suscritos durante la presidencia de José Manuel Zelaya, especialmente uno otorgado a la empresa Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A. (CECHSA), para la generación de 150 MW a base de carbón. A pesar de las advertencias previas del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre la inadecuación de estos contratos, el Congreso Nacional los aprobó, creando un precedente perjudicial para el país.

El contrato con CECHSA, firmado en 2008, estuvo marcado por irregularidades desde su concepción. A pesar de los indicios de sobrecostos significativos (según el TSC, en exceso de los USD 1,560 millones durante la duración del contrato), este se mantuvo vigente durante años, sin entrar nunca en operación. Sorprendentemente, en 2024, el contrato “revivió” bajo el nombre de “Brassavola”, con modificaciones radicales en tecnología, duración y ubicación, lo que sugiere una preocupante falta de transparencia y rendición de cuentas.

El impacto financiero de estas decisiones es alarmante, con una alta dependencia en la generación térmica que ha llevado a una tarifa eléctrica nacional significativamente más cara que la de los países vecinos. La entrada en operación de la nueva planta de Villanueva representaría un aumento adicional en la tarifa del usuario final de al menos un 4 %, generando una presión financiera insostenible para la ENEE y el gobierno.

Ante estos hallazgos, ASJ hace un llamado urgente a diversas instituciones del país. Insta al Tribunal Superior de Cuentas a realizar una auditoría exhaustiva de los contratos otorgados a CECHSA y otras empresas, al Congreso Nacional a no aprobar contratos lesivos para las finanzas del país, y a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a no permitir que los costos de generación se trasladen a los usuarios finales. Además, exige a la ENEE culminar el proceso de depuración de contratos.

Asimismo, ASJ llama la atención de entes multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, instándolos a condicionar los financiamientos otorgados al país y a instituciones como la ENEE, como medida para garantizar la transparencia y la integridad en el sector energético hondureño.