CIDH declara culpable a Honduras por destitución arbitraria de magistrados
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha encontrado al Estado de Honduras culpable por la destitución arbitraria de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un fallo histórico este lunes, encontrando al Estado de Honduras culpable por la destitución arbitraria de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2012.
Este hecho, perpetrado por el entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, ha sido declarado como una violación a múltiples garantías judiciales y derechos fundamentales.
En su dictamen, la CIDH estableció que el Estado hondureño incumplió su deber de investigar las amenazas y hostigamientos sufridos por los magistrados destituidos, así como de adoptar medidas de protección y de juzgar y sancionar a los responsables de dichas acciones. Además, se determinó que el Estado violó el derecho al trabajo de los magistrados, así como sus derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial.
🚨 ÚLTIMA HORA: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encuentra culpable al Estado de Honduras por la destitución arbitraria de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).⚖️ #CIDH #CSJ #Honduras pic.twitter.com/iakYN3j58q— Honduras Hoy (@HondurasHoyHN) April 1, 2024
Como resultado, la CIDH ordenó al Estado de Honduras llevar a cabo diversas acciones, entre las que se incluyen un acto público de reconocimiento de responsabilidad, la adecuación normativa según lo establecido en la sentencia, el pago de indemnizaciones y la rendición de un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con el fallo en un plazo de un año.
Este fallo de la CIDH no solo busca reparar el daño causado a los magistrados afectados, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia del respeto a los derechos humanos y la independencia judicial en Honduras y en toda la región.

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