MP presenta requerimiento fiscal contra exfuncionarios por compra de ventiladores incompletos
El Ministerio Público ha presentado un requerimiento fiscal contra varios exfuncionarios acusados de fraude y violación de deberes por la compra de ventiladores incompletos durante la pandemia de COVID-19
El Ministerio Público (MP) ha presentado un requerimiento fiscal en contra de varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, por su presunta participación en la adquisición fraudulenta de ventiladores mecánicos incompletos, valorados en más de 63 millones de lempiras, durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Entre los acusados se encuentran Lisandro Rosales, excanciller de la República; Gabriel Alfredo Rubí Paredes, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO); Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York; así como Cristian Elías Santelí Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, exfuncionarios de COPECO.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el MP en colaboración con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), los acusados se habrían aprovechado de la situación de emergencia generada por la pandemia para manipular los procesos de adquisición de los ventiladores. Los equipos, adquiridos a un costo de L 63,839,377.80, fueron recibidos incompletos y carecían de los accesorios esenciales para su correcto funcionamiento, lo que impidió su uso en los hospitales hondureños.
Requerimiento Fiscal por compra irregular de ventiladores durante pandemia del COVID 19 pic.twitter.com/br8kxKeUO0— Ministerio Público (@MP_Honduras) September 23, 2024
El MP ha señalado que, además de recibir los ventiladores en condiciones inadecuadas, los exfuncionarios omitieron formalizar la recepción de los mismos mediante las actas correspondientes, y realizaron transferencias bancarias sin la documentación requerida para respaldar las operaciones. Estas acciones han derivado en acusaciones por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Este caso se suma a una serie de investigaciones relacionadas con la gestión de fondos públicos durante la crisis sanitaria en Honduras, en la que se detectaron diversas irregularidades en la compra de insumos médicos, lo que ha suscitado un creciente clamor por justicia y transparencia en la administración pública.

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