Denuncian presión a empleados públicos para asistir a eventos del gobierno en el Estadio Nacional

En un acto que ha generado críticas y controversias, el gobierno ha sido señalado por presuntamente obligar a empleados públicos a asistir a una marcha política y llenar el Estadio Nacional el próximo 15 de septiembre. Esta convocatoria se realizó a través de una cadena nacional transmitida en múltiples ocasiones, con la finalidad de mostrar apoyo a la presidenta Xiomara Castro en las festividades patrias.

Varias instituciones estatales otorgaron asueto a sus empleados este lunes y el día anterior para facilitar su participación en las movilizaciones organizadas por el Partido Libre. La medida ha sido calificada como un “acto excesivo y fuera de lugar” por diversos sectores políticos y sociales, quienes ven en esto una estrategia desesperada del gobierno para demostrar un respaldo que, según ellos, es más simbólico que real.

Maribel Espinoza, precandidata presidencial liberal, comparó esta situación con lo sucedido durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), afirmando: “Recuerdan a JOH en un acto de desesperación sacó a todos los funcionarios que le apoyaban porque él sabía que el pueblo lo repudiaba. El mismo error lo está haciendo Libre con el agravante que hoy van a ir a apoyar que Honduras es un paraíso para narcos gracias a Libre.”

Por su parte, la diputada nacionalista María Antonieta Mejía también criticó duramente la convocatoria, señalando que se trata de una maniobra para ocultar el descontento social: “En cadena nacional convocan a su militancia a aplaudir a la presidenta, tras traicionar al pueblo al eliminar la extradición para proteger las sinvergüenzadas de su familia.” Mejía añadió que el partido Libre está “probando de su propia medicina” al obligar a los empleados públicos a llenar el Estadio Nacional.

El vicecanciller Gerardo Torres, quien fue el encargado de la convocatoria, defendió la marcha y las movilizaciones como parte del ejercicio democrático del país. No obstante, las críticas sugieren que la movilización forzada de empleados públicos se interpreta como un intento del gobierno para mostrar un apoyo que no es espontáneo ni voluntario. (EH)