El Congreso Nacional aprueba la Ley del TJE

El Congreso Nacional ha aprobado por unanimidad la Ley Procesal Electoral del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), consolidando formalmente el marco legal de una instancia clave en los procesos electorales del país. Desde su creación en 2021, el TJE operaba bajo un decreto transitorio, lo que generaba incertidumbre sobre su capacidad de resolución de conflictos electorales. La nueva normativa se posiciona como una herramienta esencial para regular de manera efectiva los tiempos y procedimientos de apelación y resolución de impugnaciones.

Contexto y alcances de la ley

Rasel Tomé, presidente de la comisión dictaminadora de la Ley del TJE, destacó que la nueva legislación establece plazos claros para la resolución de apelaciones e impugnaciones, evitando así retrasos que podrían desestabilizar los procesos electorales, como ocurrió en el municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso. En este caso, una impugnación prolongada llevó a que el alcalde fuera juramentado dos años después de las elecciones generales de 2021.

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Con la Ley Procesal Electoral, el TJE se convierte en la autoridad jurisdiccional definitiva en materia de conflictos electorales, aunque las decisiones pueden ser revisadas por la Sala Constitucional en casos específicos. La ley busca corregir errores e infracciones dentro de los procesos electorales, garantizando que las elecciones se ajusten a derecho.

Reglas para los magistrados del TJE

La normativa establece restricciones específicas para los magistrados del TJE, con el fin de garantizar su independencia y objetividad. Entre las prohibiciones más destacadas se incluyen:

• Abstenerse de votar en el pleno del TJE.
• Participar en actividades partidistas.
• Desempeñar cargos remunerados, salvo en docencia y salud.
• Pronunciarse públicamente sobre asuntos partidarios o expresar favoritismos.
• Aceptar presentes o servicios de interesados en casos bajo su competencia.

Un paso hacia elecciones más transparente

La aprobación de esta ley marca un avance significativo en el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país. Se espera que el TJE, con este marco legal, juegue un papel crucial en la resolución de controversias electorales, asegurando que los resultados reflejen la voluntad popular y minimizando las tensiones políticas post-electorales.