Dictan detención judicial contra exregistrador civil por falsificación de documentos públicos
El exregistrador civil de La Ceiba, Víctor Antonio Andrade García, fue detenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) el 16 de agosto de 2024, bajo acusaciones de falsificación de documentos públicos
Este viernes 16 de agosto de 2024, Víctor Antonio Andrade García, exregistrador civil del municipio de La Ceiba, fue detenido por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en un operativo coordinado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP). Andrade García enfrenta serias acusaciones de falsificación de documentos públicos en concurso real, un delito que afecta directamente la fe pública y la confianza en las instituciones del Estado.
La captura del exfuncionario se llevó a cabo en la localidad de San Juan Pueblo, Atlántida, como parte de una investigación que ha revelado presuntas irregularidades durante su gestión como registrador civil. Este arresto es el segundo que enfrenta Andrade García por los mismos cargos, lo que resalta la gravedad de las acusaciones en su contra.
Ese mismo día, se realizó la audiencia de declaración de imputado, en la cual el juez competente encontró suficientes elementos para decretar la medida de detención judicial contra Andrade García. La audiencia inicial del caso se programó para el próximo martes 20 de agosto a las 10:00 a.m., donde se decidirá si el proceso continúa hacia un juicio.
Las acusaciones contra Andrade García están relacionadas con la supuesta falsificación de documentos públicos, específicamente la alteración y emisión fraudulenta de actas y certificados oficiales. Estos actos, según la investigación preliminar, constituyen una violación grave de la confianza pública y podrían tener repercusiones significativas para el sistema de registro civil.
El Ministerio Público ha reiterado su compromiso con la justicia y la transparencia, asegurando a la ciudadanía que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger la fe pública y sancionar cualquier acto de corrupción que comprometa la integridad de las instituciones estatales.

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