Corte Suprema de Justicia declara oficialmente inconstitucionales las ZEDE
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), una iniciativa que generó amplias controversias en Honduras, han sido oficialmente declaradas inconstitucionales. Este fallo, emitido el 20 de septiembre de 2024 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y publicado recientemente en el Diario Oficial La Gaceta, anula desde su origen el marco legal que las sustentaba.
En una decisión unánime, los magistrados de la CSJ, junto con seis suplentes incorporados al pleno, determinaron que el decreto 236-2012, que reformó los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, y el decreto 120-2013, que creó la Ley Orgánica de las ZEDE, violan principios fundamentales de la Carta Magna.
Razones de la inconstitucionalidad
El fallo argumenta que las ZEDE vulneraron artículos pétreos de la Constitución relacionados con la organización territorial del país, el sistema de justicia y el régimen económico. Estos principios son considerados inalterables en el marco legal hondureño, lo que llevó a declarar la nulidad absoluta de las ZEDE desde su origen.
El Congreso Nacional celebró la decisión en sus redes sociales, señalando que el fallo representa una victoria para la soberanía y justicia del país. “Hoy reafirmamos que Honduras se gobierna con soberanía, justicia y lealtad al pueblo… Este triunfo pertenece al pueblo hondureño, a las generaciones que nos antecedieron y a aquellas que vienen”, expresaron.
Reacciones
El diputado Carlos Umaña, conocido crítico de las ZEDE, también se pronunció. “Consumado es. Nuestra Carta Magna regresa a su texto original. Y las ZEDE son nefasta historia de corrupción; esperamos que los traidores sean juzgados”, publicó en sus redes sociales.
Las ZEDE se presentaron en su momento como un modelo para atraer inversiones y promover el desarrollo económico mediante la creación de territorios con autonomía jurídica, fiscal y administrativa. Sin embargo, fueron severamente criticadas por diversos sectores que las consideraron un atentado contra la soberanía nacional y una vía para la privatización del territorio hondureño.
