El Ministerio Público presenta requerimiento fiscal contra tres exjuezas
El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), ha presentado un requerimiento fiscal contra las exjuezas Telma Aracely Cantarero Benítez, Zoila Rosa Hernández Velásquez y Ruth Anabella Cruz Zamora
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) del Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal en contra de tres exjuezas del Tribunal de Sentencias de la Sala Tercera. Las exjuezas Telma Aracely Cantarero Benítez, Zoila Rosa Hernández Velásquez y Ruth Anabella Cruz Zamora enfrentan acusaciones de violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad en un controvertido caso de desalojo en la colonia Cerro Grande.
El caso se centra en un prolongado conflicto de propiedad entre una familia y una empresa urbanizadora, que derivó en denuncias por presuntas omisiones en las decisiones judiciales de las exjuezas. Según la investigación del MP, las exjuezas habrían omitido resolver excepciones clave, como la falta de acción y la incompetencia, presentadas por la defensa de la familia afectada, que argumentaba que el caso debía ser resuelto en el ámbito civil.
Las acusaciones señalan que, a pesar de estas excepciones pendientes, en 2010 el tribunal ordenó un desalojo de las propiedades en disputa. Esta acción se llevó a cabo el 3 de julio de ese año y resultó en la demolición de viviendas, cercos y otras construcciones, lo cual generó el desplazamiento forzado de las familias que habitaban los terrenos.
MP presenta requerimiento fiscal contra exjuezas por presunta violación de los deberes y abuso de autoridad en caso de disputa de propiedad en la zona de Cerro Grande. pic.twitter.com/broLANk8ZC— Ministerio Público (@MP_Honduras) November 12, 2024
El conflicto judicial escaló, y en 2012 un nuevo tribunal, asignado tras varias recusaciones, determinó que el derecho de defensa de los afectados había sido vulnerado. Este tribunal resolvió a favor de las excepciones de falta de acción e incompetencia, concluyendo que la disputa debía ser tratada en los tribunales civiles.
Entre las pruebas presentadas, el MP incluyó una sentencia de casación de 2004 que reconocía los derechos de la familia sobre los terrenos en disputa, subrayando así la presunta irregularidad del desalojo ordenado en 2010.
