Acusaciones de abuso de autoridad y traición a la patria rodean la gestión de Luis Redondo

En el transcurso de más de mil días como presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo ha sido objeto de críticas y señalamientos que lo acusan de abuso de autoridad, usurpación y traición a la patria. Según especialistas en derecho constitucional y miembros de la oposición política, Redondo ha adoptado decisiones y asumido atribuciones que exceden los límites de sus funciones legales, poniendo en duda la legitimidad de su mandato en el Poder Legislativo.

Las acusaciones se centran en actos como la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la imposición de autoridades judiciales, decisiones que, según los críticos, se tomaron sin respetar la mayoría legislativa requerida. En julio de 2023, pese a contar con solo 50 votos favorables de los 65 necesarios, Redondo autorizó la incorporación de Honduras al CAF, ignorando la oposición de 70 congresistas. El decreto fue sancionado y publicado en el diario oficial La Gaceta, lo que expertos calificaron como un “golpe técnico al Congreso”.

Violación a la Constitución y a la Ley Orgánica del Congreso

Según los analistas, estas acciones violan el artículo 205 de la Constitución hondureña, que define las atribuciones de los diputados y el funcionamiento del Congreso. Además, la Ley Orgánica del Congreso en su artículo 63 establece que las decisiones deben tomarse por mayoría simple de los diputados presentes, norma que Redondo presuntamente ha pasado por alto al sancionar decretos sin contar con los votos requeridos.

Maribel Espinoza, diputada liberal, ha señalado que Redondo carece de conocimientos legales adecuados: “Ni siquiera es abogado y es lamentable que, sin serlo, pretenda mediante cartas hacer análisis que atropellen las leyes y que, como consecuencia, cometa delitos”, expresó.

Nombramientos polémicos en el Ministerio Público

En noviembre de 2023, el Congreso, liderado por Redondo, tomó otra decisión controversial al instalar de forma paralela una Comisión Permanente que impuso a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal adjunto. La designación se dio en medio de un clima de incertidumbre institucional y bajo una fuerte oposición por parte de sectores que consideran el acto como una imposición que desatiende la sucesión legítima en el Ministerio Público, representada entonces por Daniel Sibrián tras la salida de Óscar Chinchilla.

Posibles consecuencias legales

Con el panorama de estas acusaciones, Oliver Erazo, experto en derecho constitucional, señaló que Luis Redondo podría enfrentar un juicio político por usurpación de funciones, lo cual está contemplado en el artículo 5 de la Ley de Juicio Político. Erazo afirma que las decisiones de Redondo han erosionado la legitimidad del Congreso Nacional y representan un serio desafío a los principios democráticos y al Estado de derecho en Honduras.