Reprograman para abril de 2025 el juicio contra el hondureño Francisco Cosenza
El juicio penal contra el hondureño Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, y el empresario estadounidense Carl Alan Zaglin, acusado de sobornos y lavado de activos, ha sido reprogramado para el 7 de abril de 2025
La jueza Jacqueline Becerra, de la Corte del Distrito Sur de Florida, ha reprogramado el juicio penal contra el hondureño Francisco Roberto Cosenza Centeno y el empresario estadounidense Carl Alan Zaglin para el 7 de abril de 2025. Originalmente, el juicio estaba programado para el 1 de abril del mismo año, pero ha sido retrasado y se llevará a cabo en la Sala 11-4 del Palacio de Justicia Wilkie D. Ferguson, a las 9:00 a.m.
Ambos acusados enfrentan cargos relacionados con una operación de sobornos y lavado de activos que, según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, se habría desarrollado entre marzo de 2015 y noviembre de 2019. Durante ese periodo, Zaglin, empresario del sector de fabricación de uniformes, habría sobornado a Cosenza, exdirector del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad de Honduras, y a otros funcionarios hondureños con el fin de asegurar contratos multimillonarios con la Policía Nacional.

Los sobornos, que habrían superado los $10 millones, facilitaron la obtención de contratos para el suministro de uniformes y artículos, además de garantizar el pago de los mismos.
Francisco Cosenza, extraditado a Estados Unidos, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario tras una orden emitida por el juez Jonathan Goodman en julio de 2024. Cosenza asistió a su primera audiencia el 5 de abril de 2024, y los cargos le fueron presentados formalmente el 9 de abril.
El caso ha generado gran expectativa debido a las posibles implicaciones que podría tener en los altos círculos políticos de Honduras, ya que los presuntos actos de corrupción ocurrieron durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022). Hernández también ha sido vinculado con varios escándalos de corrupción y narcotráfico, lo que ha sumado a la controversia en torno a la administración de la Tasa de Seguridad Poblacional en ese país.
